Comisiones Obreras y Centaurea, decepcionadas con la PNL contra el peaje

Comisiones Obreras y Centaurea, decepcionadas con la PNL contra el peaje

Centaurea y CC.OO. que fueron quienes consiguieron la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 2010 sobre el que se basan las reclamaciones de la plataforma Ávila Libre de Peajes, consideran que, lejos de ser un avance, la PNL aprobada hoy en las Cortes de Castilla y León solo sirve para mantener el statu quo, favorable a Iberpistas.

Califican como “muy decepcionante” la Proposición no de Ley (PNL) aprobada hoy por mayoría (con la sola abstención de Izquierda Unida-Equo y Unión del Pueblo Leonés) en las Cortes de Castilla y León porque sólo sirve para mantener la situación actual de ilegalidad que pesa sobre la gestión de la AP-6. pues consideran que dicha PNL es sumamente incongruente pues, pese a reconocer en su punto Primero que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal la concesión otorgada en 1999 e instar al Gobierno español al cumplimiento estricto de esta sentencia, en su punto Segundo, asume implícitamente que la empresa siga gestionando la AP-6 sine die pese a que la única concesión legalmente vigente que tenía esta empresa sobre la AP-6 finalizó ya el pasado 29 de enero de 2018.

Ambas organizaciones consideran que la PNL aprobada hace un gran favor a Iberpistas (a la que curiosamente ni siquiera menciona en el texto de la moción) y un flaco favor a la ciudadanía, la cual, gracias, a esa PNL, ve alejarse su derecho a dejar de pagar un peaje por circular por una infraestructura que el pasado 29 de enero debía haber pasado a manos del Estado para su gestión pública y que, además, ha sido sobradamente amortizada por Iberpistas en los 50 años que duró la concesión de 1968.

Centaurea y CC.OO. critican que,” desde que se conociera en abril de 2010 la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declaraba ilegal la adjudicación de 1999 por vulnerar diferentes directivas europeas, ninguno de los sucesivos gobiernos españoles (de PSOE y de PP) se ha preocupado de cumplir dicha sentencia de forma real y efectiva”.

Esta sentencia del TJUE obligaba al Estado, como mínimo, a volver a repetir la adjudicación de ese paquete de autopistas cumpliendo la normativa que en aquel momento vulneró flagrantemente. Esta histórica sentencia fue fruto de la denuncia que ambas organizaciones presentaron conjuntamente en 2000 ante la Comisión Europea. Centaurea y CC.OO. recuerdan que la concesión de 1999, declarada ilegal por el TJUE, fue un auténtico montaje por parte de los gobiernos de José María Aznar que no perseguía otra finalidad que la de prorrogar la explotación de la AP-6 y los túneles de Guadarrama por parte de Iberpistas.

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