Terapeutas ocupacionales contra la Junta

Terapeutas ocupacionales contra la Junta

Contencioso de los terapeutas ocupacionales contra disposición de la Junta

El Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León (COPTOCYL) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo frente al Decreto 14/2017, de 27 de julio, de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención de personas mayores en Castilla y León. En el que se reducen notablemente la presencia del Terapeuta Ocupacional, así como de otros profesionales de los equipos técnicos de atención en las residencias de mayores.

Esta Disposición General -publicada en el BOCYL nº 145 de fecha 31 de julio de 2017 y dictada por la Junta de Castilla y León- es considerada por COPTOCYL contraria a Derecho y lesiva para los legítimos intereses tanto de la profesión de la Terapia Ocupacional, como del propio Colegio y todos los colegiados que lo forman.

“Sitúa nuestra figura profesional como parte prescindible, e intercambiable, del conjunto de servicios que la persona mayor hasta ahora tenía como equipo profesional que le permitía no perder su independencia y autonomía. Esto no es una cuestión baladí en población de esta edad y características, y la supresión de estos servicios en las residencias puede desembocar en un rápido y grave deterioro de su salud, tanto física como cognitiva, que tendrán que afrontar pagando profesionales externos a partir de ahora, si se lo pueden permitir”, ha señalado en un comunicado.

El Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León ha solicitado una reunión con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García Rodríguez, sin haber obtenido contestación por parte de la Consejería.

Aunque desde COPTOCYL siguen a la espera de una contestación, al analizar el conjunto de hechos, la difícil comunicación, la publicación a las puertas del mes de agosto y la ausencia de respuesta, sospechan una falta de interés en comunicarse con los grupos profesionales afectados.

Es importante señalar que una vez que se publique en el BOCyL, empezará un litigio que puede durar años, y desde la propia asociación nos comentan “ya nos encontramos encauzados en todo este proceso (largo y complejo) que puede suponer esta acción de defensa de nuestros intereses y de los servicios que creemos son esenciales para la calidad de vida de nuestro mayores que viven los últimos años de su vida en una residencia geriátrica”.

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